Mientras que las Coaliciones Nacionales por la Tierra han forjado alianzas, abogado, manifestado su rechazo,y desarrollado políticas para inspirar el cambio hacia una gobernanza de la tierra centrada en las personas, nosotros hemos potenciado sus esfuerzos con datos.
Este trienio, al equipar a nuestra red para utilizar y producir iniciativas de datos de las personas como LANDex y LandMark, dimos a las comunidades con las que trabajamos la capacidad de producir pruebas para entablar diálogos productivos con los actores gubernamentales y, por lo tanto, tener un asiento en la mesa.
Una y otra vez, las organizaciones populares y de los pueblos recopilaron, gestionaron y utilizaron datos de las personas sobre los derechos a la tierra, sacando a la luz desigualdades estructurales, abogando por la transparencia y fomentando la acción colectiva.
informes utilizaron datos de personas par la rendición de cuentas
informes alternativos y paralelos
informes nacionales sobre los ODS
de los colaboradores de LANDex son mujeres
organizaciones populares y de los pueblos lideran la recopilación de datos en 29 países
2.106 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados desde 2012.
"A pesar de que asesinaron a mi marido, esto ha reforzado nuestra unidad y nos ha hecho más fuertes en nuestra reivindicación de la tierra"
Maria Leony Denagiba
Para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de nuestra red y de otras, la lucha por defender su tierra y sus recursos naturales no es una elección que tomen a la ligera. Es en defensa de su modo de vida, su sistema de creencias y su futuro. Es una lucha que se enfrenta a patrones de injusticia profundamente arraigados, desafía a los grandes poderes políticos y económicos y es tremendamente peligrosa, a menudo mortal. Pocas cosas ponen más en peligro a las personas que defender su derecho a la tierra Según Global Witness, 2 106 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados desde 2012.
En Filipinas -uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor del derecho a la tierra- Teresita Tarlac estuvo a punto de ser atropellada por un tractor enviado por antiguos terratenientes que no habían conseguido su objetivo a pesar de los intentos de soborno y las amenazas para que abandonara sus tierras. El marido de su colega, Maria Leony Denagiba, fue asesinado por guardias armados enviados por antiguos terratenientes.
Historias como la de Denagiba siguen motivándonos: para encontrar formas mejores y más fuertes de apoyar a quienes están en primera línea para garantizar los derechos a la tierra de sus comunidades.
Esto forma parte del compromiso de la ILC de hacer todo lo posible para proteger a nuestros miembros y a sus comunidades, que son criminalizados, intimidados y marginados por defender el cambio.
Una de las herramientas más poderosas que brindamos a nuestros miembros para defenderse de tales peligros es la transparencia y visibilidad que proporcionan los datos de las personas. Entre 2022 y 2024, a medida que se intensificaba la crisis climática y la transición ecológica introducía nuevas amenazas, nuestros datos confirmaron lo que ya indicaban las historias que hemos contado en este informe. Las personas defensoras que protegen los puntos críticos de biodiversidad y los sumideros de carbono son cada vez más perseguidos y criminalizados. Además, por cada asesinato de un defensor documentado en 2022, se produjeron al menos cinco ataques no letales.
Esta siniestra tendencia se describe claramente en nuestro informe 2024 Hidden Iceberg (El iceberg oculto 2024). El informe -que ya va por su tercera edición anual- representa el primer esfuerzo mundial por documentar la violencia no letal contra las personas defensoras indígenas, de la tierra y del medio ambiente. Año tras año, revela que el asesinato de un defensor es sólo la punta de un iceberg oculto mucho más profundo. En 2024, por primera vez, analizamos un conjunto global de datos que abarcaba 46 países. Al igual que en 2022 y 2023, confirmamos que Latinoamérica (especialmente Colombia y Guatemala) sigue siendo la región más peligrosa para las personas defensoras indígenas, de la tierra y del medio ambiente.
Hidden Iceberg puso de relieve otras dos tendencias preocupantes en 2024. En primer lugar, como en años anteriores, los pueblos indígenas, como Reng Young Mro y su comunidad en Bangladesh, son objeto de ataques de manera desproporcionada. A pesar de representar aproximadamente el 6% de la población mundial, fueron objeto de casi una de cada cuatro agresiones (24,2%). En segundo lugar, en todos los países, las personas defensoras que denuncian los daños causados por la minería a gran escala y la agricultura industrial – como Anci Tatawi en Indonesia o Teresita Tarlac en Filipinas- son sistemáticamente los más amenazados Estos sectores estuvieron asociados al 64,4% de las agresiones.
Me ofrecieron muchos millones [de pesos] para que dejara de luchar por esta tierra, pero me dije que si cedía al miedo, la próxima generación pasaría hambre y yo sería la única rica. No tenía miedo. Si me matan, habrá más Teresitas que me sustituyan y continúen la lucha.
Teresita Tarlac
En 2024, también pudimos corroborar y rastrear los amplios patrones de escalada de violencia que precedieron al asesinato de las personas defensoras. Contamos, por ejemplo, la historia del ascenso por el iceberg de José Albeiro Camayo Guetio , defensor de los derechos territoriales indígenas de Colombia. Camayo Guietio fue amenazado por primera vez en 2014. Sobrevivió a una serie de ataques cada vez más graves en los años siguientes y, a pesar de las múltiples solicitudes de protección, fue trágicamente asesinado en 2022.
Nuestro trabajo en Hidden Iceberg es revelador. Pero no contamos la historia de José -ni las de otros muchos como él- para sumirnos en la desesperación. Por el contrario, al sacar a la luz las amplias pautas de violencia que precedieron al asesinato de defensores indígenas, de la tierra y del medio ambiente, exigimos que se rindan cuentas.
Sin datos exhaustivos, precisos y oportunos, los gobiernos no pueden diseñar mecanismos de protección ni políticas públicas eficaces. Están incumpliendo su responsabilidad de prevenir y mitigar este tipo de violencia y de cumplir los compromisos que han contraído con la comunidad internacional.
Cada año, para llamar la atención sobre sus incumplimientos, trabajamos con ALLIED en el informe A Crucial Gap (Una laguna crucial). Este informe examina las obligaciones de los Estados en virtud del Indicador 16.10.1 de los ODS para exponer los límites de los informes oficiales a través de sus Exámenes Nacionales Voluntarias (VNR).
A Crucial Gap es una llamada a la acción urgente. Los gobiernos apenas han empezado a reconocer la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos. En 2023 -según el informe de 2024-, solo el 7,7% de los países del Examen Nacional Voluntario comunicaron algún dato sobre el indicador 16.10.1. De hecho, de las 330 VNR presentadas desde 2015, solo 19 incluían datos sobre ataques contra defensores de los derechos humanos. A Crucial Gap subraya además que los datos del indicador 16.10.1 de los ODS carecen de desglose por profesión o afiliación, lo que hace imposible identificar a las personas defensoras de los derechos humanos indígenas, de la tierra y del medio ambiente. Y ello a pesar de los datos que sugieren que estos grupos representan la mitad de todos los casos.
A falta de seis años para que los gobiernos cumplan sus compromisos con los ODS, Hidden Iceberg y A Crucial Gap son herramientas de defensa vitales y urgentes. Seguiremos utilizándolas para exigir a los Estados que hagan un seguimiento de los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y los protejan, reconociendo el importante papel que desempeñan los datos centrados en las personas.
Al salir del aeropuerto internacional de Pengel, en Paramaribo ( Surinam), nos recibe un gran cartel que reza: «Bienvenidos a Surinam, el país más boscoso del mundo». El saludo, que pretende ser un faro para los turistas aventureros, es un punto de discordia para muchos.
Situada debajo de una imagen descolorida de la flora y fauna del país, la declaración es una afrenta especialmente abierta a los Saamaka. Esta tribu desciende de esclavos africanos que escaparon y negociaron su libertad con los colonizadores holandeses. Durante siglos han protegido la rica biodiversidad del país y los 1,4 millones de hectáreas de su territorio ancestral en el Amazonas. Son uno de los principales motivos por los que el 92% de la cubierta forestal de Surinam sigue intacta. A pesar de este legado, Surinam no ha reconocido ni respetado los derechos territoriales de los Saamaka.
Ahora, los Saamaka esperan que la plataforma LandMark marque la diferencia en una batalla de generaciones por sus tierras y derechos territoriales. En 2024, LandMark publicó actualizaciones clave. La plataforma cartográfica cubre ahora el 33,9% de los recursos naturales terrestres del mundo que poseen y gestionan los pueblos indígenas y las comunidades locales, lo que nos acerca mucho más al 50-65% que se calcula que poseen en realidad. También incluye capas que incluyen los puntos críticos de biodiversidad y las amenazas de la minería y la tala, lo que permite a los usuarios identificar las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades con un alto valor de biodiversidad e identificar las concesiones industriales y las perturbaciones de la minería, las grandes presas y la tala ilegal.
Estos datos son clave para los Saamaka. En junio de 2024, un estudio de la ILC utilizó datos de LandMark para destapar una asombrosa pérdida de biodiversidad en sus tierras. Gracias a estos datos, los Saamaka demostraron que el gobierno de Surinam ha otorgado ilegalmente el 32% de la tierra Saamaka -447 000 hectáreas- para concesiones madereras y mineras, lo que ha llevado a la degradación de más de 60 000 hectáreas, un área equivalente a la de Singapur.
Además, reveló que un sorprendente 77% de todos los impactos negativos sobre la tierra de los Saamaka se han producido desde la sentencia de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno de Surinam detener la tala y la minería, demarcar el territorio Saamaka y reconocer legalmente sus derechos colectivos. Más recientemente, Palmera N.V., una multinacional maderera, gracias a una concesión de tala de 2022, construyó una nueva carretera en el bosque a pesar de la oposición de la comunidad. La carretera ha permitido el acceso a cientos de hectáreas de selva tropical antes virgen. Con 56 kilómetros a finales de 2023, en septiembre de 2024 la carretera de Palmera N.V. tenía 123 kilómetros.
Las conclusiones del informe se han utilizado para reforzar los casos legales para garantizar la propiedad de la tierra saamaka y los derechos de autodeterminación y se presentaron al Gabinete del Presidente el pasado mes de junio con la esperanza de desencadenar la acción. Pero apenas unos meses después, un estudio de seguimiento de la ILC demostró que la deforestación del territorio saamaka entre junio y septiembre de 2024 había aumentado un 57% en comparación con las tasas observadas en los 6 años anteriores.
Junto con sus miembros y socios -incluidos Instituto de Recursos Mundiales y Land Rights Now-, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra se enorgullece de haber apoyado a los Saamaka en su protesta pacífica de junio y en una campaña digital durante la COP16 de octubre de 2024, reactivando su petición en change.org. Además de captar la atención de la prensa internacional, llegó a más de 27 486 cuentas y generó casi 2.000 interacciones a través de nuestros canales digitales.
Ya sabemos que esta labor de incidencia funciona. Nuestra asociación con ALLIED en el marco de A Crucial Gap celebró una gran victoria en 2023 y 2024, cuando Kenya cambió el modo en que el país informa sobre las personas defensoras de los derechos humanos.
En 2023, ALLIED respondió a una petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya para que presentara datos sobre agresiones contra defensores indígenas, de la tierra y del medio ambiente. Al año siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya validó con éxito los datos y, en virtud de un memorando de entendimiento oficial, los remitió a la Oficina Nacional de Estadística del país para su integración en el Examen Nacional Voluntario de Kenya. Samson Omondi – Samson Omondi, responsable de datos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, destacó el poder transformador de los datos de las personas en su trabajo.
Kenya es un ejemplo prometedor de cómo los datos de las personas pueden inspirar la rendición de cuentas del Estado y, gracias a ello, mejores políticas públicas y sociedades más inclusivas y pluralistas.
Como nos dijo Samson Omondi, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya: “Unos datos mal recogidos, analizados y difundidos son peores que la ausencia de datos.” Una de las formas de garantizar la máxima calidad en los métodos que utilizamos para recopilar, analizar y difundir datos es a través de las asociaciones. Destacan tres.
En primer lugar, trabajamos con ALLIED, una red mundial que rastrea los ataques contra las personas defensoras indígenas, de la tierra y del medio ambiente. El Grupo de Trabajo de Datos de ALLIED, codirigido por la ILC, une a los miembros en el desarrollo de un conjunto de datos integrado para fortalecer la rendición de cuentas y la protección de estos defensores. La asociación, que produce informes impactantes como A Crucial Gap y Hidden Iceberg, ha influido en entidades clave -desde las Naciones Unidas hasta agencias gubernamentales e institutos de derechos humanos- para mejorar la protección de las personas defensoras. También ha recibido el respaldo de personalidades destacadas, como Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas para Defensores Ambientales (Convenio de Aarhus), que ha citado los datos de ALLIED para pedir a los gobiernos que actúen. Además, tras el lanzamiento de Hidden Iceberg 2.0 en Nueva York en 2023, la ILC fue invitada a hacer una presentación ante el Departamento de Estado de EE.UU., orientando las intervenciones de las embajadas a los conflictos relacionados con las personas defensoras.
En segundo lugar, en 2023, con el apoyo de la Unión Europea la Fundación Land Portal, la Iniciativa Land Matrix, Prindex y la ILC se asociaron. Unimos fuerzas para fortalecer la coordinación de los datos sobre la tierra en espacios de alto impacto con el fin de mejorar la seguridad de la tenencia para los usuarios de la tierra y las comunidades locales a través de políticas y programas mejor informados. La asociación en materia de datos hace hincapié en la colaboración, la transparencia y la reducción al mínimo de la fragmentación de los datos. Se alinea con marcos globales como los ODS y las VGGT y promueve los principios FAIR y CARE para garantizar que los datos sobre la tierra sean abiertos, reutilizables y apoyen una mejor toma de decisiones para los derechos equitativos a la tierra y el desarrollo sostenible.
En tercer lugar, a través de LandMonitor, codirigido por la ILC y el FIDA, abordamos una laguna crítica en los datos e informes nacionales sobre tenencia de la tierra en Filipinas. Con un alcance estimado de 15.000 partes interesadas entre grupos objetivo y organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de LandMonitor centrado en las personas es sustancial y de gran alcance. El proyecto recopiló datos de pequeños productores, comunidades indígenas y trabajadores rurales, basándose en la información de LANDex, Prindex, LandMark y ALLIED. Nuestros hallazgos ponen de relieve disparidades significativas en los derechos de las mujeres a la tierra y subrayan la necesidad de instituciones descentralizadas que empoderen la toma de decisiones a nivel comunitario, en particular para las mujeres. El informe final ha dado forma a la Estrategia de País del FIDA y a una inversión nacional, convirtiéndose en una poderosa herramienta de promoción para nuestros miembros en las discusiones con los actores estatales, incluida la Autoridad Estadística de Filipinas.
Actualmente se está llevando a cabo una segunda fase del proyecto en Brasil. Los resultados preliminares ponen de relieve la falta de datos oficiales sobre tenencia para poblaciones clave como los pueblos indígenas, que se enfrentan a graves obstáculos para disfrutar plenamente de sus derechos sobre la tierra. Los miembros tienen previsto utilizar estos resultados como herramienta de promoción para impulsar el establecimiento de una política nacional de gobernanza de la tierra con un presupuesto asignado, entre otras cosas.
Respaldando a 59 casos de defensores de la tierra y el medio ambiente, dando apoyo a 1 613 persona entre 2022 y 2024.
Respaldamos a nuestros miembros en la primera línea de defensa de los derechos sobre la tierra de sus comunidades y nos comprometemos a apoyarles de la mejor manera posible.
Una de las formas en que lo hacemos es a través de un Fondo de Emergencia, dedicado a apoyar a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que se enfrentan a riesgos, criminalización y marginación por proteger los derechos a la tierra de sus comunidades.
Entre 2022 y 2024, los fondos de emergencia en América Latina, Asia y África respaldaron 59 casos de defensores de la tierra y el medio ambiente, dando apoyo a 1 613 personas.
Hidden Iceberg y A Crucial Gap no son en absoluto los únicos instrumentos que utilizamos para presionar a las autoridades para que reconozcan los ataques contra las personas defensoras indígenas, de la tierra y del medio ambiente, las violaciones de sus derechos u otros problemas a los que se enfrentan. En países de todo el mundo, los datos de las personas están ganando legitimidad a medida que más actores estatales e internacionales dependen de ellos para -como dijo Samson Omond- “llenar los vacíos” que los Estados -limitados por recursos, financiación o alcance- no pueden alcanzar.
Después de que el informe 2021 de Guatemala relativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) no abordara cuestiones clave como el acceso desigual de las mujeres rurales a la tierra y la criminalización de las defensoras de la tierra, las organizaciones de mujeres indígenas crearon una narrativa alternativa basada en datos.
En su informe alternativo de 2023, los miembros utilizaron datos de Prindex para demostrar que las mujeres rurales tienen un 5,5% menos de probabilidades de poseer documentación sobre la tierra y que las mujeres indígenas y afrodescendientes que viven en tierras comunales se sienten mucho menos seguras de sus derechos sobre la tierra que los hombres El informe también subraya la importancia de la brecha de género en los ingresos rurales, ya que las mujeres ganan un 12,01% menos que los hombres en las actividades agrícolas.
Tras terminar el informe, nuestra red de tutoría y solidaridad Women for Women -una red clave de mujeres de la ILC que se apoyan mutuamente en sus luchas individuales y colectivas por la justicia de género- intervino para ayudar a llevarlo al siguiente nivel. Con el respaldo de la red, las defensoras guatemaltecas de los derechos sobre la tierra presentaron los hallazgos en el foro del CEDAW en Ginebra en 2023. Allí convirtieron estos datos en una poderosa herramienta de defensa, pidiendo al gobierno que se comprometiera a actualizar los datos sobre tenencia de la tierra desglosados por sexo y a revisar los criterios de propiedad de la tierra que actualmente discriminan a las mujeres que cursan estudios superiores o deciden no tener hijos.
En Togo, la Coalición Nacional por la Tierra -y las organizaciones de agricultores que la integran- ayudaron a elaborar el Informe paralelo sobre los ODS de LANDex.
Los resultados pusieron de relieve que, a pesar de ser fundamentales para la seguridad alimentaria del país, solo el 12% de los agricultores familiares han recibido ayuda financiera, y las mujeres solo representan el 1,3% de los beneficiarios. En el informe, agricultores de todo el país expresaron un problema común: la mayoría arrienda sus tierras sin ninguna vía de acceso a la propiedad. El coordinador de la Coalición Nacional por la Tierra de Togo, Abdou-Rachidou Matcheri , subrayó la importancia de estos datos para crear una vía clara hacia la propiedad de la tierra y garantizar que los agricultores familiares tengan acceso a los recursos financieros y técnicos necesarios:
Este informe es muy importante para nosotros porque creemos que con él los responsables de la toma de decisiones pueden cambiar algo,” nos dijo. “Trabajar con diferentes actores a nivel regional nos ha permitido comprender concretamente lo que está ocurriendo con estos pequeños agricultores y agricultoras de nuestra región.”
Abdou Rachidou Matcheri
Con el apoyo focalizado de la ILC, las y los jóvenes rurales de Colombia – la Asociación de Jóvenes Empresarios (ASOJE) – reunieron y recolectaron datos que influyeron en los planes de política pública del gobierno, demostrando el potencial de los datos de las personas para el cambio de los sistemas democráticos. Después de que ASOJE presentara sus hallazgos al gobierno, Colombia los incorporó en el primer borrador de su capítulo de políticas públicas sobre la juventud rural.
El mismo año, renovamos el compromiso de la ILC con la juventud, actualizando LANDex para alinearlo con las prioridades de los derechos a la tierra de las y los jóvenes. Después de una amplia capacitación y consultas con jóvenes sobre datos de tierras, creamos un Paquete de Datos de Jóvenes, que se convirtió en una parte integral de los nuevos indicadores inclusivos para LANDex 2.0.
El proceso comenzó en 2023 cuando la ILC se unió a un grupo de trabajo técnico sobre un indicador de uso y cambio de la tierra para avanzar en el desarrollo y la operacionalización del Indicador de Conocimientos Tradicionales sobre Tenencia y Uso de la Tierra (HI 22.1) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Prindex, LandMark, Indigenous Navigator, Forest Peoples Program, ONU-Hábitat y RRI (entre otros), la ILC desempeñó un papel decisivo en la promoción del indicador y el desarrollo de metodologías para medirlo.
En la COP16 del CDB de 2024, los gobiernos aprobaron oficialmente el indicador para su inclusión en la Meta 22. El indicador es un mecanismo de rendición de cuentas especialmente importante, ya que garantiza la protección de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su reconocimiento como guardianes de los ecosistemas. A partir de 2026, los países deberán informar sobre el reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales en sus informes nacionales al Convenio sobre la Diversidad Biológica.